martes, 25 de junio de 2013

Aunque los interesados en que no se logre la paz en la sociedad colombiana,  compromete a agentes externos, vamos a limitarnos al ámbito doméstico.  Previo a esta indagación,  recrearemos  lo que alcanzamos a entender por tal,  para evitar diálogos de sordos y/o el hábito infértil de los polemistas que llevan el  record de victorias en sus discusiones.
La paz no alude de ningún modo a la ausencia de contradicciones o conflictos entre quienes conviven en sociedad. Paz no es sinónimo de quietud o tranquilidad monacal; menos podríamos asimilarla al reino del  unanimismo.
Cuando decimos de un país o sociedad que goza del bien colectivo de la paz, sin lugar a equívocos  se hace referencia en primer lugar a la manera institucional pacífica de afrontar los problemas políticos, la inconformidad, los disensos, por parte del Estado; al tiempo, presupone un nivel tal de educación que involucra una cultura ciudadana y cívica,  por la cual los hombres y mujeres en ejercicio de sus derechos, y observancia de sus deberes, de modo cotidiano hacen uso de las más diversos recursos legales para tramitar sus peticiones y,  reclamar del Estado el cumplimiento de sus obligaciones para con el bienestar de todos los asociados, que incluye la protesta social,  descartando el uso de la violencia. Es decir, Estado y sociedad civil, no obstante que el primero tiene el “monopolio de la fuerza”, comparten en el discurrir de la vida ordinaria, el no uso de la violencia como recurso para dar salida a desacuerdos y/o enderezar el rumbo de uno u otro servicio a cargo de las instituciones. Es un rasgo relevante, consustancial a una organización social madura, estable, democrática.
Mas no basta. Es condición sine qua non que, el Estado, sus funcionarios, las autoridades desde las más encumbradas a las más sencillas y elementales, observen y respeten la legalidad, como una ética pública de no abrazo a los atajos; que quienes acceden a los órganos de poder o por vía de las relaciones de producción tengan roles de dirigencia, no aprovechen éstas para hacerse a prerrogativas que no tienen los demás, sea para apropiarse del patrimonio público o para beneficiarse indebidamente; Esto es forma de violencia, al tiempo que una práctica promotora de   injusticia, de corrupción, en beneficio propio o de terceros.
Lo peor, cuando hay una tradición entre Estado y/o funcionarios de éste,  a la vez con vínculos varios de clase social, para transitar con igual prestancia de lo legal a lo ilegal y viceversa, y así hurtar al Estado lo que es de todos, poniendo incluso la misma fuerza pública al servicio de estos “asaltantes” y, en contra de quienes denuncian semejante tropelía y, reclaman justicia: en ese mismo Estado y en parte de sus agentes más conspicuos encontramos a los enemigos de la Paz y, de la modernización de aquel.  Si lo dicho guarda algún parecido con nuestra realidad,  seguro es pura coincidencia!
Este particular componente puede ser en circunstancias concretas, uno de los mayores impedimentos para que la paz prospere, pero al tiempo puede ser objeto a superar, con decisión y voluntad política por parte de quienes estén en condiciones de encararlo, para plantearse la conquista de la Paz buscada, en nombre de la sociedad. Comprometiendo a ésta,  encarnada en  sectores  de los partidos, organizaciones gremiales y sociales, y claro, a los protagonistas de la violencia desde la insurgencia y, a facciones y/o alianza de clases que,  desde la maquinaria de estado representen “legítimamente” a éste, para NEGOCIAR por vía política, los acuerdos que conduzcan a reformas y transformaciones de ese orden concupiscente…
Es de entender, por lo planteado hasta aquí, que en Colombia existan sectores de la oligarquía, plutócratas inmorales, inescrupulosos, comprometidos en la deformación macabra de la institucionalidad, que quieren seguir con sus tropelías y perpetuar así la exclusión y desigualdad. Esa es su fuente de vida. Así entonces,  la guerra y el reino de la arbitrariedad representado en ese tipo de estado,  que es  sólo de ellos y para ellos, constituye su cielo y su gloria. De éste derivan ganancia y sangre. Miseria y muerte para los excluidos; la inmensa mayoría. La excusa y justificación a la vez: los terroristas. Es decir, los excluidos que han optado por la lucha política a través de la insurgencia armada. Ese mismo estado de guerra, a la vez profundiza la corrupción y el tráfico de armas y demás exabruptos con los cuales se lucran. El terrorismo que dicen combatir, es su credo y su pan; terminan por ser los peores terroristas actuando en nombre del estado. Aquí se inscriben los crímenes eufemísticamente llamados falsos positivos. Unas de las más grandes proezas  de AUV (Alvaro Uribe Vélez).
La caverna,   de pensamiento y acción política, comprometidos en los más grandes desafueros y sabiéndose usurpadores de las gabelas del Estado para hacerse a bienes ajenos (baldíos, tierras de campesinos) mediante el despojo violento, bien saben que una paz negociada con la insurgencia, no sólo significaría el fin de su negocio,  sino el comienzo de procesos de  restitución de tierras y reparación de víctimas que -sin querer queriendo-,  llevan consigo la puesta en cuestión de legitimidad de sus bienes y riquezas. De ahí su cerrera resistencia, radical, visceral,  contra la negociación política en la mesa de La Habana.
Por el contrario, quienes sí serían los más francos ganadores de la paz negociada: La sociedad en general, las instituciones menos contaminadas, el pueblo necesitado, los desempleados, las mujeres, las víctimas. La democracia, la producción nacional, los jóvenes. La educación.
Los billones que se traga la guerra y la corrupción agazapada tras el caos de la guerra, encontrarán inversión en programas varios de carácter social, especialmente contra la pobreza, por el bienestar y oportunidades, incluyendo la educación para la inmensa mayoría!
La paz, a la que hemos ido poco a poco despejando su fisonomía, no es realidad que se declara hecho consumado seguido a  la firma de la negociación,  es sí construcción creativa de todos y cada una de las partes, entre las cuales el Estado deviene patrimonio común del que todos seríamos  accionistas, al tiempo que sujeto y objeto de la misma paz.  Garante y sujeto colectivo trasformador: La sociedad civil con sus organizaciones plurales.
En el horizonte de Colombia: la PAZ. Más por la acción de las partes interesadas -con decisión, convicción y sensatez-, a la que debe metérsele pueblo, que su fracaso por las intrigas y maledicencias de la caverna, accionistas monopólicos de la guerra y la muerte.
Ramiro del Cristo Medina Pérez

Santiago de Tolú, junio 25 – 2013